«En el 2010, con la crisis económica, me quedé en paro. Y a partir de ahí fueron temporalidades de días sueltos. Entraba y salía del mercado laboral, no había manera de tener esta estabilidad que tengo ahora, aunque sea a media jornada. Y, claro, cuando salió el ingreso mínimo vital, la verdad es que me vino muy bien».
El de Óscar es uno de los más de 700.000 hogares que actualmente reciben el ingreso mínimo vital (IMV), según la nómina de abril de la Seguridad Social, que revela que casi el 68% de los titulares de la prestación son mujeres. Él comenzó a cobrarlo en enero de 2022 y, desde entonces, la cuantía se ha ido ajustando en función de su situación laboral y económica. «Tengo que pagar una manutención y el mantenimiento de un piso», explica este hombre, con 20 años de experiencia como conserje.
La renta garantizada ha llegado durante sus cinco años en vigor a más de un millón de hogares, beneficiando a tres millones de personas. Dos de cada cinco son niños, niñas y adolescentes. En el mes de su aniversario, nos preguntamos: ¿cómo podría mejorar esta prestación, cuyo objetivo declarado es «la reducción de la pobreza, especialmente la pobreza extrema, y la redistribución de la riqueza»?
El Ingreso Mínimo Vital cumple cinco años
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Cuando no llega a quien más lo necesita
La principal preocupación son los ‘ángulos muertos’ del sistema. «La cobertura ha mejorado (…), aun así, seguimos muy lejos de llegar a todos los hogares a los que se debería llegar», afirma en una entrevista con RTVE.es la secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras (CC.OO) en la Comunidad Valenciana, Ana Belén Montero, que recuerda que el 19,7% de los hogares está en riesgo de pobreza en España (viven con una renta inferior al 60% de la mediana de los ingresos nacionales), según el dato de 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto es medio punto menos que en el año anterior y 1,3 puntos por debajo de 2020. «En parte se ha reducido con el aumento del sistema de protección social, por su carácter redistributivo, y porque se ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital», asegura.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) da otra medida: el 56 % de los hogares elegibles para percibir el IMV no solicitaron la prestación en 2023. «Es una cifra muy, muy alta». El que habla es el portavoz de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-ES, por sus siglas en inglés) y coordinador de EAPN Euskadi, Alfonso López, que describe una paradoja preocupante: «cuanto más vulnerable es una familia, más dificultades de acceso al sistema tiene».
López pone el ejemplo de un hogar que no cuenta ordenadores, a veces ni siquiera red eléctrica y se encuentra lejos de las oficinas de atención al público, a lo que se suma el desconocimiento y la dificultad de los trámites. En ese sentido, expertos del derecho del trabajo y la seguridad social echan en falta que se actúe «de oficio». «Para ello deberían reforzarse los medios personales y materiales (…) de manera coordinada, por las diversas Administraciones territoriales», indican en un artículo del año pasado los principales responsables de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS), José Luis Monereo Pérez, Guillermo Rodríguez Iniesta y Andrés Ramón Trillo García.
El coodinador de EAPN Euskadi señala igualmente la posibilidad de descargar los canales saturados del IMV mejorando las prestaciones específicas de los más vulnerables, niños y mayores. Así, por un lado, sería necesario aumentar las pensiones mínimas para que cubran realmente las necesidades y, por otro, crear una prestación universal a la crianza, como propone Sumar.
“«El IMV no es una paguita, es un derecho»“
De momento, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, se ha comprometido a ampliar un 40% la cobertura del complemento de ayuda a la infancia, que puede sumarse al IMV o concederse de forma independiente.
«Y en general pensamos que habría que avanzar en universalización, es decir, que llegue igual que el sistema educativo o el sanitario, a cuanta más población mejor», añade López, que subraya también la importancia de cambiar la narrativa. «El IMV no es una paguita, es un derecho. Si mi entorno me estigmatiza por cobrar una prestación económica, yo voy a ser reacio a solicitarla. Si mi entorno me dice que es un derecho, pues yo no tendré ningún problema en ir a solicitarla, lo mismo que no tengo ningún problema con ir en invierno a decir que me gustaría tener la vacuna de la gripe», expone.
El infierno del trámite
Cuando le preguntamos a Óscar por cómo cree él que podría mejorar el IMV, no lo duda: «En todo caso, la rapidez. Para que la gente no esté esperando tanto tiempo para saber si [su expediente] está aprobado o no. Y que se expliquen bien, no con tantos tecnicismos«.
A él le ayudaron con la burocracia desde la Asociación Familiar La Oliva, en el Polígono Sur de Sevilla. «Es un trámite que no he parado de hacer desde junio de 2020», cuenta a RTVE.es Alba Algora, trabajadora de esta entidad sin ánimo de lucro, que describe el proceso como «tedioso» y en constante cambio. «Antes era mucho más sencillo».
Lo que en las empresas se llama la «experiencia de usuario» tiene mucho margen de mejora todavía en la Administración Pública, pero sus carencias deben compensarse también con atención personal.
«Imaginémonos que a la hora de hacer la declaración de la renta, cada uno tuviera que hacérsela en su casa. Es una locura. Sin embargo, contamos, primero, con que la Administración nos la manda ya hecha. También hay entidades y personas expertas que nos ayudan. Es decir, hay todo un despliegue para una cuestión que se considera complicada. Está claro que el acompañamiento ayuda», apunta López, de EAPN Euskadi.
Coordinación con las autonomías
El ingreso mínimo vital se puso en marcha a nivel estatal, cuando ya existían prestaciones similares en algunas comunidades autónomas y desde el Gobierno ha fallado la «coordinación», según concluye un artículo de investigación de los politólogos Francisco Ferraioli, del Politecnico di Milano, y Llorenç Soler-Buades, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Para los solicitantes, esto ha supuesto un «aumento del estrés y una pérdida de autonomía», en un sistema «fragmentado y desorganizado», que comporta «importantes costes psicológicos», describe el estudio, que defiende el «papel crucial» y la experiencia de los agentes locales.
Asimismo, por el lado de las autonomías, Montero (de CC.OO.) considera un «error» que la Comunidad de Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha hayan optado por retirar sus rentas mínimas. «Podrían haber flexibilizado los requisitos de acceso para dar una mayor cobertura o directamente haber mejorado las prestaciones», lamenta, y echa en falta igualmente «coordinación» en aquellos territorios, como Comunidad Valenciana y Cataluña, que sí han mantenido su prestación de forma complementaria.
El portavoz de EAPN España y coordinador de Euskadi, por su parte, destaca el funcionamiento del IMV en País Vasco y Navarra, donde se ha transferido su gestión a la administración autonómica. «Hay ventanilla única, una persona que tiene una necesidad económica tiene que ir a un solo sitio», elogia López, quien además argumenta que la renta complementaria de las autonomías podría servir para nivelar el IMV con el coste de la vida en cada territorio, que no es igual, por ejemplo, en un pueblo de Extremadura que en San Sebastián.
Saltar las «trampas de pobreza»
Óscar cuenta también que estos años ha recibido ayuda de la administración en su búsqueda de empleo. «Se dedican a mejorar los currículums, darte formación», dice sobre los proyectos integrales para la inserción laboral que lo han asistido.
El ingreso mínimo vital es compatible con un salario bajo y otras ayudas, siempre que no se supere el umbral que corresponda a cada persona en función de su situación, cargas familiares, etc. La ley pretende con ello y con las políticas activas de empleo evitar las «trampas de pobreza», esto es, cuando “la mera existencia de prestación” es un obstáculo para la inclusión social y económica de los beneficiarios.
“El asunto es establecer un buen mecanismo de estímulos al empleo que realmente incentive a trabajar y no te desincentive. El problema se da en aquella población que no puede trabajar a jornada completa, no por falta de voluntad ni por falta de oferta, sino porque tiene muchas responsabilidades a su cargo, cuidado de hijos o de personas mayores”, advierte López, de EAPN Euskadi, si bien asegura que ya existe evidencia suficiente a nivel europeo para saber qué estrategias funcionan para la mayoría de la población.
Con todo, desde CC.OO. y en la literatura académica laboral, los expertos recuerdan que la erradicación de la pobreza pasa por atender las causas y debe abordarse con diferentes políticas (desde la fiscalidad a la vivienda), no solo con instrumentos que palien las consecuencias del problema. Para ello es necesario sobre todo la voluntad política. «E igual sería necesario otro clima», apostilla López.
La noticia «Un trámite «tedioso», el estigma y otros retos del IMV» es una información de Ingreso mínimo vital