El ingreso mínimo vital consolida su papel en el escudo social, pero sigue sin llegar a todas las personas necesitadas — Noticias Obreras

El sindicato CCOO valora positivamente la creación del ingreso mínimo vital (IMV) como parte del escudo social, pero advierte de los retos pendientes: “Necesitamos reforzar su cobertura y blindarlo desde el diálogo social”

Con motivo del quinto aniversario de esta renta de ciudadanía, Comisiones Obreras ha hecho público un balance que reconoce los logros alcanzados por esta prestación estructural de la Seguridad Social —nacida en plena pandemia—, pero también advierte de las reformas necesarias para garantizar que cumpla plenamente su objetivo: erradicar la pobreza severa en España.

Según destaca el sindicato, el ingreso mínimo vital ha protegido desde su implantación a más de tres millones de personas, agrupadas en un millón de hogares, y actualmente atiende cada mes a 720.000 familias, en las que residen 2,2 millones de personas, casi un millón de ellas menores de edad. Además, el 68% de las personas titulares de la prestación son mujeres, lo que pone de relieve su impacto en la equidad de género y la protección de la infancia.

Para la organización sindical, estos datos confirman la “importancia estructural” de esta cobertura básica dentro del escudo social desplegado durante la crisis sanitaria de la COVID-19, junto con otras medidas como los ERTE, el bono social eléctrico o la suspensión de desahucios a familias vulnerables. A juicio del sindicato, “la consolidación del IMV en el conjunto de prestaciones de la Seguridad Social resulta un hito a destacar”.

Sin embargo, la central sindical alerta de limitaciones que afectan al alcance real de la medida. Una de las principales preocupaciones es la renuncia de algunas comunidades autónomas a complementar el ingreso mínimo vital con sus propias rentas mínimas, como han hecho Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha, entre otras. Esta situación “contribuye a limitar el alcance efectivo” de la prestación en esos territorios, denuncia CCOO, y desvirtúa el planteamiento original de la renta mínima como una prestación estatal de último recurso, susceptible de ser complementada por los gobiernos autonómicos.

El sindicato insiste en que, además de mejorar su cobertura directa, el IMV debe acompañarse de políticas complementarias en ámbitos clave como el acceso a la vivienda asequible, la inserción laboral y la calidad del empleo, y la educación, para lograr su propósito integral de inclusión social.

Evaluar, corregir, dialogar

En cuanto a los desafíos normativos, Comisiones Obreras recuerda que este pilar del escudo social ha sido objeto de seis reformas parciales mediante decretos-ley antes de su consolidación como ley ordinaria en 2021, todas ellas con un apoyo parlamentario casi unánime, salvo el rechazo de la ultraderecha de VOX. Pero aún hay ajustes pendientes. Entre ellos, destaca el problema del llamado non-take up, es decir, el número significativo de personas potencialmente beneficiarias que no han solicitado la ayuda. También urge revisar el cálculo de ingresos, que se realiza sobre el año anterior, sin tener en cuenta situaciones de necesidad sobrevenida.

Asimismo, la organización de trabajadores y trabajadoras considera prioritario resolver los casos de reintegro por prestaciones indebidas, muchas veces provocados por deficiencias administrativas, que afectan con especial dureza a personas en situación de extrema fragilidad.

El sindicato plantea que es necesaria una evaluación compartida del alcance de esta renta mínima estatal, en el marco del diálogo social, que permita encontrar soluciones sostenibles y consensuadas. “Una medida de esta envergadura requiere el respaldo político y social que merece una herramienta fundamental para erradicar la pobreza severa en nuestro país”, concluye.